Las manos que sostienen el hogar: trabajadoras domésticas organizadas exigen lo que siempre se les negó
Photo: Salario per il lavoro domestico (Wages for Housework) groups in the Triveneto region., CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Hay una economía invisible que mantiene funcionando a todas las demás. Se desarrolla dentro de las casas, en horarios que nadie regula, bajo acuerdos que pocas veces se escriben y que casi nunca se cumplen. Es la economía del trabajo doméstico remunerado, realizado por aproximadamente 18 millones de mujeres en América Latina, según estimaciones de la OIT. Y durante demasiado tiempo, ese trabajo fue tratado como si no fuera trabajo en absoluto.
Un sector marcado por la intersección de las opresiones
No es posible hablar del trabajo doméstico en América Latina sin nombrar quiénes lo realizan. La composición del sector no es aleatoria: refleja con precisión quirúrgica las jerarquías raciales, de clase y de género que estructuran las sociedades de la región. En Brasil, el 65% de las trabajadoras domésticas son mujeres negras. En Bolivia, Perú y Ecuador, una proporción significativa es de origen indígena, muchas de ellas migrantes internas que llegaron a las ciudades desde comunidades rurales empobrecidas por el abandono estatal y el acaparamiento de tierras.
Esta realidad no es coincidencia. Es el resultado de siglos de racismo, de la persistencia de estructuras coloniales que asignaron ciertos cuerpos a ciertos trabajos, y de la devaluación sistemática de las tareas de cuidado por considerarlas «naturalmente femeninas» y, por tanto, no merecedoras de protección laboral plena.
Ester Eunice Rodrigues, dirigente de la Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas de Brasil, lo formuló con claridad en una entrevista reciente: «El trabajo doméstico fue excluido de los derechos laborales durante décadas porque las que lo hacían eran mujeres negras. No fue un olvido. Fue una decisión política».
Lo que falta: un diagnóstico sin eufemismos
A pesar de los avances normativos de los últimos años —el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras domésticas, aprobado en 2011, ha sido ratificado por varios países latinoamericanos—, la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo abismal.
Las principales carencias que documentan las organizaciones del sector son:
- Ausencia de contrato escrito: la mayoría de las relaciones laborales en el sector son informales, lo que impide reclamar derechos ante cualquier instancia.
- Exclusión de la seguridad social: en muchos países, las trabajadoras domésticas siguen sin acceder a jubilación, seguro de desempleo o cobertura médica en igualdad de condiciones con otros trabajadores.
- Jornadas sin límite: la naturaleza del trabajo «en casa» genera una difuminación de los límites entre tiempo laboral y tiempo libre que en la práctica equivale a disponibilidad permanente.
- Violencia y acoso en el espacio laboral: el hogar, por definición un espacio privado, es también un espacio donde la violencia queda invisibilizada y raramente denunciada.
- Racismo cotidiano: testimonios recogidos por organizaciones como CONLACTRAHO (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar) describen patrones sistemáticos de trato degradante vinculados a la identidad racial de las trabajadoras.
Organizarse para existir: las voces del movimiento
Frente a este panorama, el movimiento de trabajadoras domésticas latinoamericanas lleva décadas construyendo una respuesta colectiva que merece ser reconocida como uno de los procesos de organización laboral más significativos de la región.
En Colombia, la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd) combina la reivindicación laboral con la identidad étnica, entendiendo que no es posible separar la explotación económica del racismo estructural. En Argentina, el Sindicato de Personal de Casas Particulares (SINPECAP) logró que la pandemia de COVID-19 —que dejó a miles de trabajadoras sin ingresos de un día para otro— fuera también un momento de visibilización política que amplió su base de afiliadas.
En México, el colectivo Hogar Justo Hogar ha impulsado campañas de comunicación que llevan el debate a las redes sociales, interpelando directamente a empleadoras de clase media que se identifican como feministas pero reproducen relaciones laborales abusivas en sus propios hogares. El mensaje es incómodo y necesario: el feminismo que no incluye a las trabajadoras domésticas es un feminismo de privilegio.
El Convenio 189 y sus límites
La ratificación del Convenio 189 de la OIT fue celebrada, con razón, como un hito. Establece el principio de que las trabajadoras domésticas deben gozar de los mismos derechos laborales fundamentales que cualquier otro trabajador. Sin embargo, las organizaciones del sector advierten que la ratificación formal no garantiza el cumplimiento real.
En varios países que lo han ratificado, los mecanismos de inspección laboral no tienen capacidad —ni, en muchos casos, voluntad política— para supervisar lo que ocurre dentro de los hogares privados. La naturaleza del espacio doméstico como recinto protegido por el derecho a la privacidad crea una contradicción legal que las trabajadoras pagan con su bienestar.
Las propuestas del movimiento van en varias direcciones: ampliar las competencias de las inspecciones laborales, crear mecanismos de denuncia anónima y segura, y establecer registros obligatorios de empleadoras que hayan sido sancionadas por incumplimientos.
Cuidar a quienes cuidan
Hay una dimensión filosófica y política en este debate que va más allá de la negociación sindical. El trabajo de cuidado —doméstico, de crianza, de atención a personas dependientes— es la base material sobre la que descansa toda la vida social y económica. Sin él, ninguna otra actividad productiva sería posible. Y sin embargo, es el trabajo más devaluado, más precarizado y más invisibilizado.
Reconocer plenamente los derechos de las trabajadoras domésticas implica también cuestionar quién debe hacerse cargo del cuidado en una sociedad justa. Implica hablar de corresponsabilidad entre géneros, de infraestructura pública de cuidados —guarderías, centros de día, servicios de atención domiciliaria— y de una redistribución radical del tiempo y del trabajo en el hogar.
Las trabajadoras domésticas organizadas de América Latina no están pidiendo un favor. Están exigiendo lo que el trabajo siempre debió garantizar: dignidad, seguridad y reconocimiento. Esa exigencia es feminista, es antirracista y es, en el sentido más profundo del término, igualitaria.