Guardianas del territorio: las mujeres indígenas que plantan cara a la industria extractiva

El río que atraviesa la comunidad de Máxima Acuña en Cajamarca, Perú, no aparece en los folletos corporativos de la minera que quiso desplazarla. Tampoco aparecen sus años de resistencia, sus victorias legales ni las noches en que grupos intimidatorios llegaron a su puerta. Lo que sí aparece en esos folletos son palabras como «desarrollo», «progreso» e «inversión». Un vocabulario que, para comunidades como la suya, tiene el sabor amargo del despojo.

Máxima no está sola. A lo largo y ancho de América Latina, miles de mujeres —en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinas— están en la primera línea de la defensa territorial. No como figura decorativa de un movimiento liderado por otros, sino como protagonistas que articulan estrategias, sostienen comunidades y pagan costos altísimos por negarse a ceder.

Cuerpo y territorio: una conexión que el extractivismo ataca dos veces

Una de las contribuciones más poderosas del feminismo comunitario latinoamericano —desarrollado con especial fuerza en Guatemala y Bolivia— es la noción de que el cuerpo y el territorio son un continuo. Lo que le ocurre a la tierra le ocurre también al cuerpo de las mujeres que la habitan. La contaminación de fuentes de agua afecta de manera desproporcionada a quienes se encargan del cuidado doméstico. La militarización de zonas extractivas va acompañada, históricamente, de un aumento en la violencia sexual contra mujeres de las comunidades afectadas.

Esta conexión no es metafórica: es documentada. Organizaciones como Global Witness y Amnistía Internacional han registrado sistemáticamente cómo los proyectos mineros, petroleros y agroindustriales en América Latina se instalan con una lógica de ocupación que reproduce patrones coloniales. Y en ese patrón, las mujeres son blanco específico: si se las silencia o se las atemoriza, se desmantela el tejido de cuidado que sostiene la resistencia comunitaria.

Estrategias de resistencia: de lo local a lo global

Las defensoras ambientales no operan únicamente desde la denuncia. Sus estrategias son más complejas, más creativas y más sostenidas de lo que los titulares suelen mostrar.

En Honduras, la memoria de Berta Cáceres —asesinada en 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— sigue viva en el COPINH, la organización que ella cofundó y que sus compañeras sostienen con una determinación que desafía el miedo. El movimiento lenca aprendió a combinar la movilización en carretera con la litigación internacional, logrando que el caso llegara a tribunales en los Países Bajos, donde opera la empresa financiadora.

En la Amazonía ecuatoriana, mujeres de la nacionalidad waorani obtuvieron en 2019 una sentencia histórica que anuló la apertura de un proceso de licitación petrolera en sus territorios. La líder Nemonte Nenquimo, reconocida mundialmente por ese logro, ha explicado en múltiples foros que la clave no fue solo el litigio judicial, sino la organización previa: asambleas comunitarias, formación de jóvenes como voceros, y la construcción de alianzas con organizaciones ambientales internacionales que aportaron recursos técnicos sin imponer agendas.

En Colombia, las guardias cimarronas y las guardias indígenas —estructuras comunitarias de autoprotección no armada— incluyen cada vez más a mujeres en roles de liderazgo. En el Cauca, comunidades nasa han formado a mujeres como guardias que documentan infracciones territoriales y acompañan a familias amenazadas.

Los peligros de estar en primera línea

Defender el territorio en América Latina puede costar la vida. La región concentra el mayor número de asesinatos de defensores ambientales a nivel global, según los datos anuales de Global Witness. Y dentro de ese universo, las mujeres enfrentan una dimensión adicional de riesgo: la violencia de género como instrumento de represalia.

Amenazas sexuales, acoso judicial mediante denuncias fabricadas, estigmatización pública como «enemigas del progreso» o «agitadoras extranjeras»: estas son las herramientas que empresas y sectores del Estado utilizan para deslegitimar a las defensoras y aislarlas de sus comunidades. La criminalización es especialmente cruel porque obliga a las mujeres a dividir sus energías entre la defensa del territorio y la defensa de su propia libertad.

A pesar de ello —o quizás por ello—, la solidaridad entre defensoras se ha fortalecido. Redes como Mesoamérica Resiste o el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe articulan respuestas rápidas cuando una defensora está en peligro, movilizando presión internacional antes de que la situación escale.

Una agenda feminista que también es climática

El movimiento de defensoras ambientales latinoamericanas ha logrado algo que los grandes foros climáticos internacionales todavía procesan con lentitud: demostrar que la justicia de género y la justicia ambiental son inseparables.

No se puede hablar seriamente de transición ecológica si las comunidades que más dependen de ecosistemas saludables no tienen poder de decisión sobre lo que ocurre en sus territorios. No se puede construir una agenda climática justa sin reconocer que las mujeres indígenas y campesinas son, al mismo tiempo, las más afectadas por la crisis ambiental y las que poseen conocimientos ancestrales imprescindibles para afrontarla.

Esta agenda ya no se construye solo desde el sur global para consumo del norte. Las defensoras latinoamericanas llegaron a la COP27 en Sharm el-Sheij y a la COP28 en Dubái con posiciones propias, negociadas colectivamente, que cuestionaron tanto el greenwashing corporativo como la exclusión de comunidades locales de los mecanismos de financiamiento climático.

Escucharlas es también una forma de resistencia

En un ecosistema mediático que tiende a reducir a las defensoras ambientales a víctimas o a heroínas solitarias, amplificar sus voces con rigor y sin condescendencia es un acto político. Sus análisis sobre el extractivismo, el colonialismo y el patriarcado son tan sofisticados como los de cualquier academia. Solo que vienen acompañados de barro en los zapatos y de años de confrontación real con el poder.

Seguirlas, aprender de ellas y construir redes de apoyo que no las instrumentalicen es el mínimo que el activismo urbano y los medios progresistas pueden ofrecer. Red Igualdad asume ese compromiso.