La regla de la desigualdad: por qué la pobreza menstrual sigue ausente de los presupuestos de América Latina
Photo: Tarrytown Group, Public domain, via Wikimedia Commons
Cada mes, millones de personas menstrúan en América Latina sin acceso a productos adecuados, agua limpia o instalaciones dignas. La escena se repite en escuelas donde no hay papel higiénico, en fábricas donde el baño se comparte con decenas de trabajadoras, en cárceles donde las toallas sanitarias se cuentan y se racionan. No es una incomodidad privada: es una desigualdad estructural que los Estados siguen sin medir y, por lo tanto, sin reparar.
Lo que no se cuenta no existe
La pobreza menstrual no se reduce a la falta de toallas o tampones. Cruza ingresos, infraestructura, educación, salud pública y política fiscal. Sin embargo, pocos gobiernos latinoamericanos cuentan con datos sistemáticos sobre cuántas personas no pueden comprar productos menstruales, cuántas faltan a clases durante la menstruación o cuántas instituciones públicas carecen de agua y jabón en los baños.
La ausencia de datos no es neutral. Si las encuestas de hogares no preguntan por la gestión menstrual, si los presupuestos no desagregan partidas para productos e infraestructura, si las escuelas no registran las ausencias asociadas al ciclo menstrual, el problema se vuelve invisible. Y lo invisible no entra en la agenda política. La pobreza menstrual queda relegada a campañas de donación, mientras las causas estructurales permanecen intactas.
Salud pública, no vergüenza
Menstruar en condiciones indignas tiene consecuencias concretas. El uso prolongado de un mismo producto, la falta de agua para lavarse o la ausencia de un lugar seguro para cambiarse aumentan el riesgo de infecciones y malestar. También afectan la salud mental: la vergüenza, el silencio y el miedo a mancharse condicionan la vida diaria de niñas y adolescentes.
En las escuelas, la falta de productos y de baños adecuados se traduce en ausencias, distracción y abandono. En los trabajos, especialmente en empleos precarizados donde no hay pausas ni espacios dignos, la menstruación se convierte en un obstáculo adicional. En las cárceles, la situación es aún más grave: las personas privadas de libertad dependen de lo que la institución les entregue, y muchas veces reciben cantidades insuficientes o productos inadecuados.
La educación sexual integral es parte de la solución, pero no basta. No se puede hablar de gestión menstrual sin garantizar acceso a productos, agua segura, baños limpios y espacios de cambio. La salud menstrual no es un asunto íntimo que deba resolverse en silencio; es una obligación pública.
La cuenta fiscal de la desigualdad
En varios países de la región se ha discutido el tratamiento fiscal de los productos menstruales. Para muchas personas, el impuesto que grava toallas y tampones es una carga adicional sobre una necesidad básica. La discusión es importante, pero incompleta si se limita a la tasa impositiva. La justicia fiscal también exige preguntar cómo se asignan los recursos públicos y quién paga por la infraestructura de saneamiento.
Garantizar productos gratuitos en escuelas, cárceles y espacios comunitarios es una medida urgente. También lo es invertir en agua potable, baños limpios y mantenimiento. Sin saneamiento, los productos gratuitos no resuelven el problema. Sin presupuesto, las declaraciones de principios se quedan en el papel. La pobreza menstrual es, en el fondo, una discusión sobre prioridades presupuestarias.
Los Estados que no recaudan de forma progresiva ni gastan con perspectiva de género difícilmente podrán cerrar esta brecha. La política fiscal no es un tema técnico separado de los derechos: es el mecanismo que decide si una escuela tiene jabón, si una cárcel entrega toallas suficientes o si una trabajadora puede cambiar su producto durante la jornada.
Iniciativas que rompen el tabú
En los últimos años, colectivas feministas, organizaciones comunitarias y algunos gobiernos locales han impulsado campañas de distribución, programas escolares y proyectos de ley sobre gestión menstrual. Estas iniciativas han logrado poner el tema en la conversación pública y han demostrado que la gratuidad es posible cuando existe voluntad política.
Pero las respuestas aisladas no reemplazan una política integral. Una donación mensual no corrige la falta de baños. Una campaña de concientización no sustituye el acceso al agua. Para que la pobreza menstrual deje de ser una emergencia silenciosa, se necesita una estrategia que combine gratuidad, educación, infraestructura y datos públicos.
El movimiento feminista tiene aquí una agenda concreta: exigir que los presupuestos incluyan la menstruación, que las escuelas y cárceles garanticen condiciones dignas y que el Estado mida lo que hoy prefiere no ver. La regla de la desigualdad no se rompe con caridad. Se rompe con derechos, presupuesto y fiscalización.
