Semillas que no se venden: campesinas frente al avance de los transgénicos en América Latina

Doña Esperanza guarda sus semillas de maíz criollo en una olla de barro sellada con tela. Lo hace como lo hacía su abuela, y como lo enseñó a sus hijas. Para ella, esa olla no contiene solo granos: contiene memoria, autonomía y resistencia. Cuando hace tres años llegaron a su ejido en Oaxaca representantes de una empresa agroquímica ofreciendo semillas «mejoradas» a precio subsidiado, Doña Esperanza fue la primera en negarse. «Si acepto sus semillas, el año que viene tengo que comprarles de nuevo. Y así para siempre. Eso no es ayuda. Eso es una trampa», explica.

Su historia no es aislada. A lo largo de América Latina, miles de mujeres agricultoras protagonizan una resistencia cotidiana, muchas veces invisible para los medios y para las políticas públicas, contra la expansión del modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, patentadas y dependientes de insumos químicos específicos. Esta resistencia tiene rostro de mujer porque, en la mayoría de las comunidades rurales latinoamericanas, son ellas quienes gestionan los huertos familiares, conservan las variedades locales y transmiten el conocimiento agrícola de generación en generación.

El modelo que avanza

La expansión de los cultivos transgénicos en América Latina ha sido acelerada y, en muchos casos, impuesta mediante mecanismos que eluden la consulta previa a las comunidades afectadas. Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia figuran entre los mayores productores de soja transgénica del mundo. En México, a pesar de la moratoria vigente desde 2021 sobre el maíz transgénico, la presión de las corporaciones agroquímicas —encabezadas por Bayer-Monsanto y Syngenta— no cesa.

El argumento empresarial es siempre el mismo: mayor rendimiento, resistencia a plagas, seguridad alimentaria. Sin embargo, numerosas investigaciones académicas, entre ellas las del Instituto Nacional de Ecología de México o del GRAIN, una organización internacional que apoya a pequeños agricultores, documentan que los beneficios prometidos no se materializan a largo plazo para los pequeños productores. Lo que sí ocurre es una dependencia estructural: las semillas transgénicas patentadas no pueden ser guardadas y resembradas legalmente, lo que obliga a los agricultores a comprar nuevas semillas cada temporada.

Voces desde el surco

María Luisa cultiva frijoles, calabaza y chile en el altiplano guatemalteco. Participa en una red de intercambio de semillas que agrupa a más de doscientas familias en tres municipios. «Aquí no vendemos semillas. Las prestamos, las regalamos, las intercambiamos. Así funciona desde siempre. Cuando alguien dice que una semilla es propiedad de una empresa, eso va contra toda nuestra forma de entender la vida», dice.

En el Chaco paraguayo, Lucía coordina un banco comunitario de semillas nativas que conserva más de ochenta variedades locales de maíz, mandioca y poroto. El banco nació como respuesta a la deforestación masiva para plantaciones de soja que arrasó los territorios indígenas de la región. «Perdimos tierra, perdimos monte, perdimos animales. Si perdemos también las semillas, perdemos todo», afirma con una calma que no oculta la urgencia.

Estas mujeres no se describen a sí mismas como activistas. Se describen como agricultoras que hacen lo que siempre han hecho. Pero en el contexto actual, ese acto ordinario —guardar una semilla— se ha convertido en un acto político de primera magnitud.

Soberanía alimentaria como derecho feminista

La Vía Campesina, movimiento internacional que agrupa a organizaciones agrarias de todo el mundo, lleva décadas argumentando que la soberanía alimentaria —el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias— es inseparable de los derechos de las mujeres rurales. No es un argumento retórico: las mujeres representan entre el 60 y el 80 por ciento de los productores de alimentos para consumo local en América Latina, según la FAO, pero poseen menos del 20 por ciento de la tierra y tienen acceso muy limitado al crédito, la formación técnica y los mecanismos de decisión política.

Esta desigualdad estructural hace que las mujeres campesinas sean especialmente vulnerables a las presiones del agronegocio, pero también las convierte en guardianas insustituibles de la biodiversidad agrícola. Su conocimiento sobre variedades locales, ciclos estacionales, asociaciones de cultivos y manejo del suelo es un patrimonio científico que ninguna corporación puede replicar en un laboratorio.

Lo que el Estado no protege

Las legislaciones de propiedad intelectual en muchos países latinoamericanos, influidas por tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, han ido ampliando el alcance de las patentes sobre variedades vegetales. La llamada «Ley Monsanto» —denominación popular de leyes de semillas aprobadas en varios países de la región— ha sido rechazada en Colombia, Chile y Ecuador gracias en parte a la movilización de organizaciones campesinas e indígenas lideradas por mujeres.

Sin embargo, la batalla legislativa no está ganada. Y mientras se libra en los parlamentos, en los campos la presión continúa a través de la distribución gratuita o subsidiada de semillas transgénicas, el acaparamiento de tierras para monocultivos y la contaminación genética de variedades nativas por polinización cruzada.

Redes que sostienen la resistencia

Frente a este panorama, las redes de mujeres agricultoras han demostrado una capacidad organizativa notable. Los bancos comunitarios de semillas, los mercados de trueque, las ferias de agrobiodiversidad y los encuentros regionales de saberes campesinos son espacios donde se preserva no solo la diversidad biológica sino también la dignidad de quienes la custodian.

Organizaciones como CLOC-Vía Campesina, ANAMURI en Chile o la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en México documentan y potencian estas experiencias. Pero necesitan más: reconocimiento jurídico de los sistemas comunitarios de gestión de semillas, financiación pública para los bancos de germoplasma locales y políticas agrarias que pongan a las mujeres rurales en el centro, no en el margen.

Doña Esperanza no sabe exactamente cuántas variedades de maíz guarda en su olla de barro. Tampoco le importa contarlas. Lo que sabe es que mientras ella las guarde, nadie podrá decirle que necesita comprar semillas para alimentar a su familia. Y en eso, dice, reside su libertad.