Cara nueva, sistema viejo: cuando la diversidad en el poder no transforma nada

En los últimos años, las portadas de los diarios latinoamericanos han celebrado con entusiasmo una serie de hitos históricos: la primera presidenta indígena de tal país, la primera ministra afrodescendiente de tal cartera, el primer gabinete paritario de tal gobierno. Las fotografías circulan en redes sociales como prueba de que algo ha cambiado. Pero debajo de la imagen, con frecuencia, las estructuras que producen la desigualdad siguen intactas.

Esta es la trampa de la representación simbólica: confundir la presencia con el poder real, el cargo con la capacidad de transformar, el rostro con la agenda.

El escaparate de la diversidad

El concepto de tokenismo —la práctica de incluir a una persona de un grupo históricamente excluido como gesto cosmético, sin modificar las relaciones de fuerza— no es nuevo. Lo que sí es relativamente reciente es su sofisticación en el ámbito político y corporativo latinoamericano.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una vicepresidenta afrodescendiente, Francia Márquez, cuya trayectoria como activista ambiental generó expectativas históricas en las comunidades negras del país. Sin embargo, organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras han señalado reiteradamente que las políticas concretas hacia los territorios afrocolombianos han avanzado con lentitud exasperante, mientras la violencia contra líderes comunitarios continúa. El símbolo es poderoso; los cambios estructurales, más esquivos.

En el mundo corporativo, el fenómeno es aún más descarnado. Empresas transnacionales con operaciones en México, Brasil o Argentina han incorporado en los últimos años métricas de diversidad en sus informes de sostenibilidad. Contratan a mujeres para puestos directivos —en particular mujeres blancas de clase media-alta— y presentan eso como evidencia de progreso. Mientras tanto, las trabajadoras de base, mayoritariamente racializadas, siguen expuestas a condiciones laborales precarias, salarios deprimidos y ausencia de protección sindical efectiva.

La agenda que se negocia en la puerta

Una de las dinámicas menos visibles del tokenismo institucional es lo que podríamos llamar el peaje de la entrada: para acceder al poder, quienes provienen de comunidades históricamente marginadas deben con frecuencia moderarse, traducirse y adaptarse a los códigos del sistema que aspiran a reformar.

Las mujeres indígenas que llegan a parlamentos nacionales en países como Bolivia, Ecuador o Guatemala lo saben bien. Muchas han narrado en entrevistas y testimonios públicos cómo sus propios partidos —incluso los de izquierda— las presionan para abandonar demandas específicas de sus pueblos cuando estas incomodan a alianzas más amplias. El resultado es una representación vaciada de contenido: el cuerpo está en el hemiciclo, pero la agenda comunitaria quedó en la puerta.

La investigadora guatemalteca Aura Cumes ha documentado con precisión este mecanismo, al que denomina «colonialismo de género»: la incorporación de mujeres indígenas a estructuras estatales bajo la condición implícita de que abandonen las epistemologías y demandas propias de sus comunidades. No se trata de incluir una perspectiva diferente; se trata de reclutar cuerpos para reproducir la misma perspectiva de siempre.

Paridad sin poder: el caso de los gabinetes

La paridad de género en los gabinetes ministeriales se ha convertido en una de las banderas más visibles del progresismo latinoamericano. Chile, México y Argentina, entre otros, han presentado ejecutivos con composición igualitaria entre hombres y mujeres como un avance democrático relevante. Y lo es, en cierta medida. Pero la paridad formal esconde jerarquías sustantivas que merecen un análisis más riguroso.

¿Qué carteras ocupan las mujeres en esos gabinetes? Con frecuencia, los ministerios de Educación, Cultura, Familia o Desarrollo Social —áreas históricamente feminizadas y con menor peso presupuestario— quedan bajo responsabilidad femenina, mientras que Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores o Energía permanecen bajo control masculino. La paridad numérica coexiste con una segregación funcional que reproduce exactamente la división sexual del trabajo que el feminismo lleva décadas cuestionando.

Además, la presencia de mujeres en el gabinete no garantiza que las políticas públicas tengan perspectiva de género. Un ministerio liderado por una mujer puede perfectamente implementar ajustes fiscales que recaigan desproporcionadamente sobre las mujeres más pobres, como ha ocurrido en varios países de la región durante ciclos de austeridad.

Representación que no interpela al sistema

El problema de fondo es que la representación simbólica, sin una agenda política que cuestione las estructuras de acumulación y dominación, termina siendo funcional al sistema que dice combatir. Cuando una mujer afrodescendiente asciende a la dirección de un banco que históricamente ha excluido a las comunidades negras del crédito, y desde ese cargo no modifica las prácticas discriminatorias de evaluación de riesgo, su presencia no representa un avance para esas comunidades: representa una legitimación renovada del mismo orden.

Organizaciones feministas como Mugarik Gabe o el Foro de Mujeres del Mercosur han insistido en que la igualdad real requiere redistribución del poder económico, reforma de las instituciones y reconocimiento de las diferencias como punto de partida, no solo visibilidad estadística. La representación es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de agenda transformadora.

Más allá del espejo: qué exige la igualdad real

No se trata de desacreditar los avances simbólicos ni de ignorar el valor que tiene ver a personas de comunidades históricamente excluidas en espacios de poder. Esos momentos importan, especialmente para las generaciones jóvenes que construyen su horizonte de posibilidades. Pero sí se trata de no confundir el símbolo con la sustancia.

La igualdad real exige preguntarse: ¿quién controla el presupuesto? ¿Quién define la agenda legislativa? ¿Qué intereses se protegen cuando hay que elegir entre el capital y las comunidades? ¿Qué estructuras de rendición de cuentas existen para que los representantes no traicionen a quienes los llevaron al poder?

Mientras esas preguntas no tengan respuestas satisfactorias, el espejo de la representación seguirá siendo exactamente eso: un espejo. Una superficie que refleja la ilusión del cambio sin que nada, en el fondo, se haya movido.