Pedalear sin red: repartidoras y repartidores construyen sindicato y cooperativa frente al algoritmo

La aplicación marca la ruta, calcula el tiempo y decide cuánto vale el viaje. Del otro lado de la pantalla, una repartidora espera en una esquina, revisa el teléfono y calcula si el pedido le alcanza para pagar el día. No hay contrato que le garantice un seguro, no hay supervisor que responda por un accidente, no hay salario mínimo que sostenga el mes. La libertad de conectarse y desconectarse existe, pero la precariedad también.

La libertad que no llega a fin de mes

La llamada economía colaborativa promete flexibilidad. En la práctica, muchas plataformas de reparto trasladan los costos al trabajador: la bicicleta, el celular, los datos móviles, la mochila térmica y los accidentes corren por su cuenta. Las tarifas las define el algoritmo, las bonificaciones cambian sin aviso y la competencia entre repartidores presiona los ingresos hacia abajo.

En América Latina, este modelo se expandió con fuerza en las grandes ciudades. Detrás de cada entrega hay jornadas largas, exposición al tráfico, robos, lluvias y agresiones. Cuando ocurre un accidente, la pregunta sobre quién cubre los gastos médicos suele quedar sin respuesta. Las plataformas argumentan que no son empleadores; los trabajadores responden que tampoco son autónomos con poder de negociación.

La pandemia visibilizó la dependencia de estos servicios, pero no mejoró las condiciones. Al contrario, la demanda creció mientras las tarifas se ajustaban a la baja en varios mercados. La flexibilidad se convirtió en una forma elegante de precarizar el empleo: sin horario fijo, pero con presión constante; sin jefe visible, pero con control algorítmico; sin derecho a vacaciones, pero con obligación de mantenerse conectado para no perder puntaje.

Del malestar a la organización

Frente a ese panorama, repartidoras y repartidores han empezado a organizarse. En algunos países surgieron sindicatos de trabajadores de plataformas; en otros, colectivos asamblearios que combinan denuncia pública, asistencia legal y apoyo mutuo. También aparecieron cooperativas de reparto que buscan ofrecer un servicio similar sin intermediarios que se queden con la mayor parte de la tarifa.

La organización no es sencilla. La dispersión geográfica, la rotación constante y el miedo a represalias dificultan la afiliación. Muchos trabajadores dependen de la aplicación como único ingreso y temen ser bloqueados si reclaman. Aun así, las asambleas, los grupos de mensajería y las protestas han logrado poner el tema en la agenda pública.

Las cooperativas enfrentan otro desafío: competir en un mercado dominado por grandes plataformas. Necesitan tecnología, logística y clientes. Pero su apuesta es política y económica a la vez: demostrar que el reparto puede organizarse con tarifas justas, seguro para los trabajadores y decisiones colectivas. No es un experimento menor. Es una forma de disputar quién controla el algoritmo y para qué.

Qué regular y cómo

La discusión regulatoria avanza de manera desigual en la región. Algunos países han debatido leyes para reconocer la relación laboral entre plataformas y repartidores; otros impulsan estatutos especiales que crean derechos mínimos sin reconocer plenamente el empleo. La diferencia no es menor: un estatuto puede mejorar condiciones, pero también puede consolidar una categoría de trabajadores de segunda.

Los modelos más ambiciosos incluyen presunción de laboralidad, seguro de accidentes, salario mínimo por hora conectada, transparencia en las tarifas y derecho a desconectarse sin penalización. También exigen auditar los algoritmos, porque no se puede negociar colectivamente con una caja negra. Si la plataforma decide la asignación de pedidos y las sanciones, esa decisión debe ser conocida y impugnable.

En Chile, Colombia, México, Argentina y Brasil hay experiencias y proyectos distintos, pero el debate comparte una pregunta de fondo: ¿basta con regular la precariedad o hay que reconocer derechos laborales plenos? Las cooperativas y los sindicatos insisten en lo segundo. No quieren limosnas digitales ni bonos condicionados; quieren contratos, seguridad social y negociación colectiva.

La pregunta de fondo

La economía colaborativa se presenta como innovación, pero en muchos casos funciona como un modelo de extracción de datos y trabajo barato. La tecnología no exime a nadie de cumplir con los derechos laborales. Un algoritmo no reemplaza un contrato. Una aplicación no sustituye la seguridad social.

Regular el reparto no significa prohibir la tecnología. Significa ponerla al servicio de condiciones dignas. Significa que quien pedalea bajo la lluvia no quede solo cuando se caiga. Significa que la tarifa no sea un misterio y que el trabajador tenga voz en las decisiones que afectan su vida.

Las repartidoras y repartidores de América Latina están construyendo esas respuestas desde abajo, con sindicatos, cooperativas y asambleas. Su lucha no es solo por una tarifa mejor. Es por el derecho a no ser tratados como engranajes de una aplicación.