La deuda que heredamos: cómo los compromisos financieros del pasado hipotecan el futuro de la juventud latinoamericana

Daniel tiene veintidós años y estudia en una universidad pública de Asunción. O intentaba hacerlo: este año, su facultad redujo los horarios de las bibliotecas por falta de presupuesto, suspendió tres asignaturas optativas y comunicó que los laboratorios de informática no podrán renovar sus equipos. Mientras tanto, el gobierno paraguayo destinó ese mismo año un porcentaje del presupuesto nacional al pago de servicios de deuda externa que supera con creces lo asignado a toda la educación superior pública.

La historia de Daniel no es particular de Paraguay. Es, con variaciones de nombres y cifras, la historia de una generación entera en América Latina.

Un continente que paga antes de invertir

América Latina y el Caribe destinan cada año cifras astronómicas al servicio de su deuda externa —intereses y amortizaciones— antes de poder decidir cuánto invierten en sus propias poblaciones. Según datos del Banco Mundial y la CEPAL, varios países de la región gastan más en el pago de deuda que en educación y salud combinadas.

Argentina, Ecuador, El Salvador, Jamaica y varios países centroamericanos se encuentran en situaciones donde los compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y acreedores privados internacionales condicionan de manera determinante las posibilidades de gasto social. Cuando un gobierno negocia un programa de ajuste con el FMI, las condicionalidades habituales incluyen reducción del déficit fiscal, lo que en la práctica significa recortes en los presupuestos de las áreas que más necesitan las personas: salud, educación, vivienda y protección social.

El resultado es una transferencia masiva de recursos desde los países más pobres hacia los más ricos, desde las generaciones presentes hacia los acreedores del pasado.

Las raíces coloniales de la trampa financiera

Para comprender la deuda latinoamericana no alcanza con mirar los contratos firmados en las últimas décadas. Es necesario rastrear una historia más larga, que comienza con la deuda de la independencia.

Haití es el caso más extremo y más conocido: para obtener el reconocimiento de Francia tras su revolución, la primera república negra del mundo se vio obligada en 1825 a pagar una indemnización a sus propios esclavizadores por el «daño» causado al negarles su propiedad sobre seres humanos. Esa deuda, impuesta bajo amenaza militar, tardó más de un siglo en pagarse y contribuyó decisivamente al subdesarrollo estructural del país más pobre del hemisferio occidental.

La dinámica, aunque con formas distintas, se reprodujo a lo largo del siglo XX. Los préstamos otorgados durante las dictaduras militares de los años setenta —muchos de ellos negociados por regímenes ilegítimos, destinados a financiar armamento o proyectos de infraestructura que beneficiaban a empresas extranjeras— fueron heredados por las democracias que vinieron después. Las poblaciones que sufrieron esas dictaduras tuvieron que pagar, además, sus facturas.

Ese es el origen de lo que los economistas críticos denominan «deuda odiosa»: compromisos contraídos por gobiernos sin mandato popular, frecuentemente en beneficio de intereses ajenos a la nación, que sin embargo se consideran vinculantes para los Estados sucesores.

Lo que los números le roban a las personas

Las cifras macroeconómicas tienen la capacidad de abstraer lo que en realidad son decisiones sobre vidas concretas. Cuando un gobierno destina el equivalente al 4% de su PIB al servicio de la deuda y solo el 3,5% a educación, esa diferencia no es un dato estadístico: es la escuela rural que no se construyó, el docente que no fue contratado, la beca universitaria que no existió.

En Ecuador, los recortes presupuestarios impuestos como condición para renegociar la deuda en 2020 afectaron directamente a las universidades públicas, que vieron reducidos sus fondos en más de 100 millones de dólares en dos años. Estudiantes de primera generación universitaria —hijos e hijas de familias campesinas, indígenas, afroecuatorianas— fueron los más afectados, porque son quienes más dependen de la educación pública para acceder a una formación que el mercado privado les niega.

En Bolivia, los períodos de mayor endeudamiento externo de los años noventa coincidieron con las privatizaciones del agua y los servicios básicos que desencadenaron la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000. La deuda no era un fenómeno separado del despojo: era parte del mismo paquete.

Jóvenes que ya no creen en la promesa

La consecuencia más profunda y menos medible de este ciclo es la erosión de la confianza. Una generación que ingresa al mercado laboral en condiciones de precariedad extrema, que no puede acceder a vivienda, que ve cómo sus impuestos financian compromisos financieros que no contrajo, que percibe cómo el Estado invierte más en satisfacer a los acreedores que en garantizar sus derechos: esa generación tiene razones fundadas para descreer de las instituciones.

Las encuestas de Latinobarómetro de los últimos años muestran una tendencia preocupante: los niveles de satisfacción con la democracia entre jóvenes de 18 a 29 años han caído de manera sostenida en la mayoría de los países de la región. Esa insatisfacción no nace del aire: tiene causas materiales identificables, y la deuda externa es una de ellas.

Auditoría y cancelación: la deuda como acto de justicia

Frente a este panorama, organizaciones sociales, académicas y movimientos juveniles de toda la región llevan años articulando una demanda que va ganando legitimidad: la auditoría ciudadana de la deuda externa, como paso previo a la negociación de su cancelación parcial o total.

Ecuador fue pionero en este proceso: en 2008, el gobierno de Rafael Correa constituyó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que examinó los contratos de deuda y concluyó que una parte significativa era «ilegítima e ilegal». Esa auditoría permitió una renegociación que redujo considerablemente la carga financiera del Estado. El precedente existe.

Movimientos como Jubileo Sur, con presencia en más de quince países latinoamericanos, llevan décadas argumentando que la cancelación de deudas ilegítimas no es una concesión sino una obligación de justicia. Sus argumentos conectan el derecho internacional, la historia colonial y la economía política en una demanda coherente: los pueblos no pueden ser responsables indefinidamente de deudas que no contrajeron, que no les beneficiaron y que fueron impuestas bajo condiciones de coerción.

El futuro no puede esperar

Daniel, el estudiante de Asunción, no conoce los detalles del programa financiero de su país. Pero sabe, con la precisión de quien lo vive en carne propia, que algo en el sistema está mal calibrado. Que el Estado parece tener más obligaciones con quienes le prestaron dinero décadas atrás que con quienes lo habitan hoy.

Cambiar esa calibración requiere voluntad política, presión social organizada y una narrativa que conecte lo macro con lo cotidiano. Requiere tratar la deuda no como un dato técnico sino como lo que es: una decisión política sobre quién paga y quién se beneficia. Y requiere reconocer que mientras los recursos del continente sigan fluyendo hacia los acreedores en lugar de hacia las aulas, los hospitales y los empleos, el futuro de la próxima generación seguirá siendo una promesa que el sistema no tiene intención de cumplir.