Dos sistemas, una sola injusticia: el acceso a la defensa legal como privilegio de clase en América Latina

Cuando a Jonás le detuvieron en un control policial en las afueras de Bogotá, no tenía antecedentes, no portaba ningún objeto ilícito y cooperó en todo momento con los agentes. Aun así, pasó once meses en prisión preventiva antes de que un juez determinara que no había cargos suficientes para mantenerlo detenido. Durante ese tiempo, perdió su empleo, su arrendamiento y la custodia temporal de sus hijos. El defensor público asignado a su caso lo visitó en dos ocasiones y presentó un único escrito ante el tribunal. Jonás no tenía dinero para contratar a nadie más.

A veinte kilómetros de donde Jonás esperaba su liberación, un empresario acusado de evasión fiscal millonaria contaba con un equipo de cuatro abogados especializados, recursos para contratar peritos independientes y contactos en el colegio de abogados que le permitieron dilatar el proceso durante años. El caso prescribió. El empresario no pisó ningún calabozo.

Estas dos historias no son excepcionales. Son el funcionamiento ordinario de los sistemas judiciales latinoamericanos, donde la calidad de la justicia que recibe una persona está determinada, en buena medida, por el grosor de su cartera.

La brecha que el Estado no quiere ver

El derecho a la defensa es formalmente reconocido en todas las constituciones latinoamericanas y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los países de la región. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, establece garantías judiciales que incluyen el derecho a ser asistido por un defensor de su elección o, si no pudiere pagarlo, por un defensor público proporcionado por el Estado.

La distancia entre ese mandato constitucional y la realidad cotidiana es abismal. Las defensorías públicas de la región operan crónicamente con presupuestos insuficientes y plantillas desbordadas. En países como Perú, Bolivia o Paraguay, cada defensor público gestiona en promedio entre 200 y 400 casos simultáneos, según datos de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Es una cifra que hace imposible cualquier atención individualizada mínimamente digna.

El resultado es predecible: prisión preventiva excesiva, condenas por delitos menores sin juicio, renuncia a recursos legales disponibles por desconocimiento, y una sobrerrepresentación brutal de los sectores más empobrecidos en las cárceles de la región. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) estima que más del 40 por ciento de la población carcelaria latinoamericana está en prisión preventiva, es decir, sin condena firme. La mayoría son personas pobres que no pudieron pagar una fianza o costear una defensa activa.

Judicialización de la pobreza

Hay un fenómeno específico que merece atención: la criminalización de conductas asociadas a la pobreza. La venta ambulante sin licencia, la ocupación de terrenos baldíos, el hurto de subsistencia, los conflictos vecinales en barrios populares: todos estos asuntos aterrizan en el sistema judicial con una frecuencia desproporcionada cuando afectan a personas sin recursos. Quienes tienen capital social, contactos y dinero para contratar mediadores o abogados resuelven conflictos similares sin llegar jamás a un tribunal.

Esta judicialización selectiva no es neutral. Reproduce y amplifica las desigualdades preexistentes. Un proceso judicial, aunque concluya con absolución, tiene costes devastadores: tiempo de trabajo perdido, estigma social, gasto en traslados y trámites, estrés y deterioro de la salud mental. Para una familia que vive al límite, estos costes pueden ser tan destructivos como una condena.

Lo que las comunidades están construyendo

Ante el abandono institucional, diversas organizaciones de base y colectivos de abogados comprometidos han desarrollado modelos alternativos de acceso a la justicia que merecen ser conocidos y replicados.

En Ciudad de México, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad ofrece asesoramiento legal gratuito a mujeres en situación de violencia, combinando la orientación jurídica con acompañamiento psicosocial y formación en derechos. Su modelo no espera a que las mujeres lleguen al sistema judicial: va a los barrios, a los mercados, a los centros comunitarios.

En Argentina, clínicas jurídicas universitarias de la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba atienden casos de desalojos, discriminación laboral y violaciones de derechos sociales, conectando la formación académica con el servicio comunitario. Estas clínicas han logrado resoluciones favorables en casos que las víctimas jamás habrían podido litigar solas.

En Brasil, el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ha desarrollado una red interna de formación jurídica popular que capacita a militantes del movimiento para acompañar a sus compañeros en procesos de desalojo y criminalización de la protesta social. No reemplaza a los abogados, pero permite que nadie enfrente solo el sistema.

Reformas que no pueden esperar

El activismo comunitario en torno al acceso a la justicia es valioso e imprescindible. Pero no puede sustituir la responsabilidad del Estado. Algunas reformas son urgentes y técnicamente viables:

Aumentar sustancialmente el presupuesto de las defensorías públicas y limitar por ley el número máximo de casos por defensor. Crear unidades especializadas dentro de las defensorías para atender colectivos en situación de especial vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia, migrantes, personas con discapacidad, comunidades indígenas.

Regular el sistema de asistencia jurídica gratuita para que los colegios de abogados contribuyan obligatoriamente, con mecanismos de control de calidad efectivos. Desarrollar sistemas de información legal accesibles, en lenguaje claro y en lenguas indígenas, para que las personas puedan conocer sus derechos antes de necesitar un abogado.

Establecer mecanismos de resolución alternativa de conflictos, como la mediación comunitaria, con respaldo institucional y garantías de equidad, para aliviar la carga judicial en asuntos de menor cuantía.

La justicia no puede ser un lujo

Cuando el acceso a la defensa legal depende del poder adquisitivo, la igualdad ante la ley se convierte en una ficción constitucional. América Latina no puede aspirar a ser una región más justa mientras sus sistemas judiciales sigan siendo, en la práctica, instrumentos que protegen a quienes ya están protegidos y castigan a quienes ya están castigados.

Jonás recuperó su libertad. Pero los once meses que pasó preso no se los devuelve nadie. Ni el Estado que lo abandonó, ni el sistema que lo procesó sin garantías, ni la sociedad que prefirió no mirar. Esa deuda también existe. Y también exige ser saldada.