Vigiladas y silenciadas: cómo los algoritmos de las grandes plataformas digitales frenan al activismo latinoamericano

Cuando una organización de derechos humanos en Colombia publica un hilo documentando abusos policiales durante una protesta, y ese contenido apenas llega a doscientas personas mientras un video de entretenimiento trivial alcanza millones, no estamos ante una casualidad del mercado. Estamos ante el funcionamiento de un sistema diseñado, en parte, para contener precisamente ese tipo de información.

El extractivismo digital —la extracción masiva de datos personales para alimentar sistemas de publicidad y control conductual— no es solo un problema de privacidad individual. Es también un problema político de primer orden para los movimientos sociales latinoamericanos, que han depositado en las plataformas tecnológicas una confianza que esas plataformas no merecen.

El negocio de la atención y sus consecuencias políticas

Meta, X (antes Twitter), TikTok y YouTube no son servicios públicos. Son empresas cuyo modelo de negocio se basa en maximizar el tiempo que los usuarios pasan dentro de sus plataformas para venderles la atención de esos usuarios a los anunciantes. Los algoritmos que determinan qué contenido se muestra y a quién están diseñados para optimizar ese objetivo comercial, no para facilitar la deliberación democrática ni para amplificar las voces históricamente marginadas.

Esta arquitectura tiene consecuencias políticas concretas. El contenido que genera reacciones emocionales intensas —especialmente indignación y miedo— tiende a viralizarse más que el contenido reflexivo o informativo. Las publicaciones que incluyen ciertos términos asociados a la protesta social o a la crítica política son frecuentemente marcadas por sistemas automáticos de moderación que reducen su distribución, fenómeno conocido en el ámbito digital como «shadowban» o bloqueo silencioso.

Evidencia del sesgo algorítmico

No se trata de una teoría conspirativa. La evidencia acumulada es sustancial. Investigaciones realizadas por organizaciones como Access Now y Derechos Digitales han documentado cómo, durante momentos de movilización social en América Latina —el estallido chileno de 2019, las protestas colombianas de 2021, las manifestaciones en Cuba del mismo año—, el contenido publicado por activistas y periodistas independientes experimentó caídas abruptas en su alcance orgánico.

En 2021, Instagram reconoció haber aplicado de manera errónea sus filtros de contenido a publicaciones relacionadas con la violencia policial en Colombia, reduciendo su visibilidad. Ese «error» afectó precisamente a las voces que más necesitaban ser escuchadas en ese momento.

A esto se suma la vigilancia activa. Documentos filtrados y litigios judiciales en Estados Unidos han revelado que Meta colabora con agencias de seguridad de varios países para identificar a activistas, y que sus sistemas de inteligencia artificial son utilizados para mapear redes de organización política.

El dato como materia prima del control

Cada vez que una activista utiliza Facebook para convocar a una manifestación, cada mensaje en un grupo de WhatsApp coordinando acciones colectivas, cada búsqueda sobre legislación de derechos humanos: todo eso genera datos que son almacenados, analizados y potencialmente compartidos con terceros —gubernamentales o corporativos— que pueden tener interés en obstaculizar esa organización.

En países con gobiernos autoritarios o tendencias represivas, este riesgo es inmediato y físico. Pero incluso en democracias formales, la entrega masiva de datos organizativos a plataformas con intereses comerciales propios representa una vulnerabilidad estratégica que los movimientos sociales latinoamericanos no pueden seguir ignorando.

La dependencia de herramientas gratuitas que en realidad se pagan con datos es una forma contemporánea de extractivismo: las comunidades aportan su información, sus relaciones, su actividad política, y las corporaciones tecnológicas extraen valor de todo ello sin redistribuirlo.

Estrategias para recuperar la soberanía digital

La respuesta no es el abandono total de las redes sociales —que siguen siendo espacios con enorme capacidad de difusión y de construcción de identidad colectiva—, sino la diversificación estratégica y el desarrollo de capacidades propias.

Algunas organizaciones latinoamericanas están apostando por herramientas de comunicación cifrada como Signal para sus coordinaciones internas, reduciendo así la exposición de información sensible. Otras han comenzado a construir sus propios sitios web y listas de correo electrónico, recuperando el control sobre sus audiencias y sus contenidos sin depender de los caprichos algorítmicos de terceros.

El movimiento de software libre ofrece alternativas concretas: Mastodon como red social descentralizada, Nextcloud para el almacenamiento y colaboración en documentos, Matrix para la comunicación cifrada en grupos. Estas herramientas tienen curvas de aprendizaje más pronunciadas, pero ofrecen algo que las plataformas comerciales no pueden garantizar: la propiedad de los propios datos.

Construir infraestructura propia

Más allá de las herramientas individuales, la soberanía digital requiere infraestructura colectiva. Algunas iniciativas en la región apuntan en esa dirección: servidores cooperativos gestionados por organizaciones de la sociedad civil, redes de radios comunitarias que combinan la transmisión analógica con la distribución digital, y plataformas de streaming propias para cubrir eventos de activismo sin depender de YouTube.

Organizaciones como Riseup, con larga trayectoria en el activismo digital global, ofrecen servicios de correo y almacenamiento a colectivos de izquierda y de derechos humanos. En América Latina, iniciativas como Vedetas en Brasil o Kéfir en México están construyendo infraestructura tecnológica feminista y comunitaria que merece más visibilidad y apoyo.

La dimensión política de la soberanía digital

La lucha por la soberanía digital no es una cuestión técnica reservada a expertas en informática. Es una lucha política que tiene que ver con quién controla los medios de comunicación, quién puede organizarse libremente y quién determina qué voces son audibles en el espacio público contemporáneo.

Regular las plataformas digitales, exigir transparencia algorítmica, prohibir la vigilancia masiva, gravar adecuadamente a las corporaciones tecnológicas y destinar esos recursos a infraestructura digital pública: estas son demandas que los movimientos sociales latinoamericanos deberían incorporar a sus agendas con la misma urgencia con que reclaman justicia laboral o reforma policial.

Las herramientas digitales pueden ser instrumentos de liberación o de control. La diferencia no está en la tecnología en sí misma, sino en quién la posee, quién la gobierna y a qué intereses sirve. Esa es, en última instancia, una pregunta política. Y como toda pregunta política, su respuesta depende de la capacidad de organizarse para disputarla.