La transición verde tiene nombre: recicladores y recicladoras exigen justicia laboral
Photo: recicladores urbanos de base en América Latina trabajando, via www.digmandarin.com
La transición verde también huele a basura
En 2026, la transición ecológica se discute en cumbres, se escribe en documentos oficiales y se promete en campañas. Pero cada mañana, antes de que la ciudad despierte, miles de recicladores y recicladoras de base recorren calles y basurales para recuperar lo que otros desechan. No son beneficiarios de la caridad: son trabajadores ambientales que sostienen, con sus manos, una parte central de la economía circular.
En América Latina, los recicladores de base, cartoneros y catadores cargan con la gestión de residuos mientras enfrentan precariedad, criminalización y exclusión de las políticas públicas. La paradoja es brutal: quienes más hacen por reducir el impacto ambiental son quienes menos reconocimiento reciben. La transición verde no será justa si sigue apoyándose en trabajo invisibilizado.
Criminalización y precariedad
La informalidad no es una elección. Es el resultado de sistemas que no han garantizado acceso a seguridad social, contratos dignos ni condiciones seguras de trabajo. Muchos recicladores son perseguidos, multados o ven decomisados sus carros y materiales. Las políticas de residuos suelen diseñarse sin ellos y contra ellos, priorizando contratos con empresas privadas que no siempre garantizan mejores prácticas ambientales.
La exposición a accidentes, sustancias tóxicas y condiciones climáticas extremas es parte de la jornada. La falta de equipamiento y de atención médica agrava el riesgo. A esto se suma el estigma social: ser reciclador o recicladora sigue siendo motivo de discriminación en muchas ciudades.
Voces del sector
Rosa, recicladora en Bogotá, lo dice sin rodeos: «No pedimos limosna, pedimos reconocimiento». Su organización ha logrado acuerdos con el municipio para que el trabajo de recolección sea remunerado, pero denuncia que los pagos llegan tarde y que las condiciones siguen siendo precarias. En São Paulo, las cooperativas de catadores han demostrado que la formalización con derechos es posible cuando hay voluntad política y organización colectiva. En Buenos Aires, los cartoneros exigen ser incluidos en los contratos de gestión de residuos y en las decisiones sobre reciclaje.
La formalización sin derechos no es formalización. No basta con entregar kits o dictar talleres. Se necesitan contratos estables, acceso a la seguridad social, equipamiento adecuado, precios justos por los materiales recuperados y participación real en el diseño de las políticas ambientales.
Qué significa formalizar con justicia
La agenda de los recicladores y recicladoras incluye el reconocimiento legal como trabajadores ambientales, la inclusión en los sistemas de responsabilidad extendida del productor, la creación de cooperativas y empresas sociales, y la participación en los espacios de decisión sobre cambio climático y gestión de residuos. También exigen que se frenen las prohibiciones que criminalizan su trabajo y que se garanticen condiciones de seguridad.
La transición ecológica debe pagar los costos de quienes la hacen posible. Si los municipios y las empresas se benefician de la recuperación de materiales, deben garantizar que ese beneficio se distribuya de manera justa. La economía circular no puede ser circular solo para las ganancias: tiene que serlo también para los derechos.
La deuda ecológica con quienes reciclan
En 2026, la justicia ambiental exige mirar la basura como trabajo y a quienes la trabajan como sujetos de derecho. Sin recicladores y recicladoras no hay economía circular posible, no hay reducción real de residuos, no hay transición verde que se sostenga. Reconocerlo no es un gesto simbólico: es una obligación de justicia.
La deuda ecológica también se cobra en los basurales. Y quienes allí trabajan tienen nombre, organización y demandas concretas. Escucharlas es el primer paso para una transición que no deje a nadie atrás.