La ciudad que expulsa: alquileres, turistificación y resistencia vecinal en 2026
Photo: Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Un mapa que se dibuja con desalojos
En 2026, alquilar en las grandes ciudades de América Latina se ha convertido en una prueba de resistencia. No se trata solo del precio. Se trata de la certeza de que el barrio donde una creció puede desaparecer en menos tiempo del que toma firmar un contrato. La expulsión rara vez llega con una orden judicial espectacular. Llega con un aumento que no se puede pagar, con un contrato que no se renueva, con un edificio que amanece convertido en alojamiento turístico. La ciudad cambia de manos y quienes la habitaban quedan fuera del mapa.
Los datos disponibles de organismos como ONU-Hábitat y la CEPAL coinciden en una tendencia: en varias capitales de la región, los alquileres han crecido por encima de los ingresos medios. En Ciudad de México, Buenos Aires, Medellín, Santiago y Lima, barrios enteros han pasado de ser espacios de vida a convertirse en zonas de inversión. El resultado es un desplazamiento silencioso que no siempre aparece en las estadísticas oficiales, pero que se siente en cada mudanza forzada, en cada negocio que cierra y en cada escuela que pierde alumnado.
Quién gana cuando el barrio se vuelve negocio
Los ganadores tienen nombre y apellido: fondos de inversión inmobiliaria, plataformas de alquiler de corta estancia, grandes propietarios y gobiernos que compiten por atraer visitantes sin medir el costo social. La vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un activo financiero. Los incentivos fiscales al turismo, la falta de regulación de los alquileres vacacionales y la especulación con suelo urbano alimentan un círculo que expulsa a quienes menos tienen.
No es una mano invisible. Es una arquitectura de decisiones públicas y privadas que prioriza la rentabilidad sobre la permanencia. Mientras tanto, los perdedores no viven en los balances trimestrales: viven en la periferia, en pensiones compartidas, en casas de familiares o en la calle. La ciudad que expulsa es también una ciudad que fractura lazos comunitarios y profundiza la desigualdad.
La voz de quienes se organizan
Lucía, integrante de un sindicato de inquilinos en Ciudad de México, lo resume con una frase que se repite en asambleas de toda la región: «No pedimos caridad, pedimos reglas». Su organización acompaña a familias que reciben aumentos imposibles, negocian colectivamente y exigen que se declare la emergencia habitacional. En Buenos Aires, asambleas de inquilinos han logrado frenar algunos desalojos y han puesto sobre la mesa la necesidad de un registro público de alquileres. En Medellín, colectivos barriales denuncian que la turistificación expulsa a jóvenes y personas mayores de barrios que fueron construidos con su trabajo.
Estas redes no solo resisten: proponen. Hablan de límites a los alquileres turísticos, de vivienda pública en suelo bien ubicado, de impuestos a los inmuebles vacíos y de presupuestos participativos que permitan a las comunidades decidir cómo se invierte en su territorio. La participación ciudadana no es un adorno: es una herramienta para disputar el modelo de ciudad.
Políticas que existen y las que faltan
Algunas ciudades han ensayado controles de alquiler, declaratorias de zonas saturadas por turismo y programas de alquiler social. Sin embargo, las medidas suelen quedarse cortas cuando no van acompañadas de fiscalización, de inversión pública y de una perspectiva de derechos. No basta con subsidios temporales si el mercado sigue capturando el suelo y los gobiernos siguen vendiendo la ciudad al mejor postor.
La deuda pendiente es estructural: construir vivienda pública en cantidad y calidad, regular de forma efectiva las plataformas de alquiler turístico, gravar la especulación y garantizar que las políticas habitacionales se diseñen con quienes las habitan. Sin inquilinos organizados en la mesa de decisiones, cualquier solución será parcial.
El derecho a quedarse
En 2026, el mapa de la expulsión es también un mapa de oportunidades de organización. Cada asamblea de inquilinos, cada cooperativa de vivienda y cada colectivo que defiende su barrio demuestra que la ciudad no es una mercancía. La vivienda no es un lujo ni una inversión: es el lugar desde donde se construye la vida en común. Garantizar el derecho a quedarse no es solo una política habitacional; es una condición para la democracia. La ciudad que expulsa empobrece a todas las voces. La ciudad que incluye las fortalece.