Extranjeros en su propio país: la exclusión silenciosa de quienes migran sin cruzar fronteras

Rosa tiene treinta y cuatro años, tres hijos y un número de documento nacional que, en teoría, le garantiza todos los derechos que la Constitución le reconoce. En la práctica, desde que llegó de una provincia rural del norte argentino a la periferia de Buenos Aires hace ocho años, ha enfrentado una burocracia que parece diseñada para hacerla invisible. Su domicilio no está registrado en el padrón municipal. Sus hijos tardaron dos años en conseguir plaza escolar. Cuando su hija mayor enfermó, el hospital del barrio le exigió un certificado de residencia que ninguna institución estaba dispuesta a emitirle.

Rosa no es una excepción. Es parte de un fenómeno masivo, poco documentado y casi nunca debatido en los grandes medios: la exclusión sistemática de los migrantes internos en América Latina.

El mapa invisible de la movilidad interna

La migración internacional acapara el debate político y mediático. Las caravanas centroamericanas, los venezolanos en Colombia, los haitianos en Chile: esas historias tienen nombre y fotografía. Pero existe otra migración, igualmente masiva e igualmente generadora de exclusión, que transcurre dentro de las fronteras nacionales y que raramente aparece en los titulares.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región hay más de 40 millones de migrantes internos, personas que han cambiado de municipio, provincia o estado dentro de su propio país. La mayoría se desplaza desde zonas rurales o ciudades pequeñas hacia las grandes urbes, empujada por la falta de empleo, el colapso de las economías agrarias, la violencia del crimen organizado o el abandono histórico del Estado en los territorios periféricos.

Ese desplazamiento, lejos de significar un ascenso social automático, frecuentemente inaugura un nuevo ciclo de exclusión.

Fronteras sin aduana, muros sin ladrillos

La paradoja es llamativa: estas personas no necesitan pasaporte, no cruzan ningún control migratorio, no son extranjeras ante la ley. Y sin embargo, al llegar a su nuevo lugar de residencia, descubren que el sistema administrativo del Estado funciona como si lo fueran.

En Brasil, el sistema de cadastro único —registro unificado de programas sociales— exige un domicilio fijo y comprobable para acceder a transferencias como el Bolsa Família. Las familias que llegan a las periferias de São Paulo o Belém sin documentación de residencia quedan excluidas durante meses o años de esas redes de protección. En Perú, el acceso al Seguro Integral de Salud está vinculado al establecimiento de salud del lugar donde la persona está empadronada: quien se traslada de Puno a Lima debe rehacer todo el proceso, en una burocracia que puede tardar más de un año.

En México, la situación adquiere una dimensión particular en comunidades indígenas que migran hacia estados con los que no comparten lengua ni cultura. Familias mixtecas, nahuas o zapotecas que llegan a Baja California o Sonora se enfrentan no solo a barreras administrativas, sino a discriminación activa por parte de funcionarios que los tratan como si fueran extranjeros dentro de su propio territorio nacional.

Discriminación territorial: el prejuicio que no se nombra

Más allá de los obstáculos burocráticos existe una dimensión cultural de la exclusión que es igualmente poderosa y mucho menos discutida: el estigma que recae sobre quienes vienen «de afuera», aunque ese afuera sea la misma nación.

En países con fuertes identidades regionales —como Colombia, Venezuela o Argentina— la discriminación hacia los migrantes internos adopta formas específicas. En Argentina, el término «cabecita negra», históricamente utilizado para referirse a los migrantes del interior que llegaban a Buenos Aires durante el peronismo, sigue operando como marcador de exclusión social. En Colombia, los desplazados por el conflicto armado que llegan a Medellín o Bogotá son frecuentemente estigmatizados como portadores de la violencia que huyeron.

Esa discriminación tiene efectos materiales concretos: dificulta el acceso a la vivienda formal, cierra puertas en el mercado laboral y genera una presión constante hacia la invisibilidad social.

Lo que las organizaciones comunitarias están construyendo

Frente a la inacción estatal, son las propias comunidades afectadas quienes están desarrollando respuestas creativas y efectivas.

En Cochabamba, Bolivia, la Red de Migrantes Internos del Chapare ha creado un sistema propio de documentación comunitaria que funciona como aval ante instituciones públicas y privadas. Aunque carece de reconocimiento legal formal, ha permitido que cientos de familias accedan a servicios que de otra manera les estaban vedados, mientras se negocia con las autoridades locales un protocolo de reconocimiento.

En la Ciudad de México, la organización Tierra y Libertad Urbana acompaña a familias migrantes de estados como Guerrero y Oaxaca en los procesos de empadronamiento, ofreciendo asesoría jurídica gratuita y presión colectiva frente a funcionarios que obstruyen el registro. Su metodología combina la defensa individual de derechos con la incidencia política para modificar los protocolos administrativos.

En Chile, el Movimiento de Pobladoras y Pobladores ha incorporado explícitamente a migrantes internos —muchos de ellos provenientes del norte del país— en sus estructuras de organización territorial, reconociendo que la lucha por la vivienda digna y el acceso a servicios no puede fragmentarse según el origen geográfico de las personas.

La ciudadanía no puede ser territorial

El problema de fondo es conceptual y político: el diseño de los sistemas de protección social en América Latina sigue atado a lógicas territoriales que no reconocen la movilidad como un derecho. La ciudadanía, en la práctica, está vinculada al lugar de nacimiento o de residencia estable, no a la condición de persona.

Las organizaciones que trabajan este tema proponen soluciones concretas: portabilidad de derechos entre jurisdicciones, sistemas de registro simplificados que no exijan domicilio fijo como condición previa, protocolos de no discriminación en servicios públicos, y reconocimiento legal de la migración interna como fenómeno que requiere políticas específicas.

Pero antes que cualquier reforma técnica, lo que se requiere es un cambio de perspectiva: reconocer que una persona no pierde su ciudadanía al cruzar un límite provincial o regional. Que el derecho a la salud, a la educación y a la protección social no puede depender de dónde se nació o de cuánto tiempo se lleva viviendo en un lugar.

Rosa ya sabe que la solución no vendrá sola. Por eso, desde hace dos años, integra una asamblea de vecinos migrantes que está mapeando los obstáculos y presentando propuestas ante el municipio. «Nosotros también somos este país», dice. «Solo necesitamos que el Estado lo reconozca de una vez.»