El negocio de la nostalgia: quién gana de verdad cuando los migrantes envían dinero a casa

Cada quince días, Rodrigo abre la aplicación de transferencias en su teléfono desde un cuarto compartido en Madrid. Lleva cuatro años trabajando en construcción sin contrato fijo, durmiendo con otros tres compatriotas y ahorrando cada euro posible. El dinero que envía a su familia en Honduras no es un gesto de afecto solamente: es el salario que paga la educación de sus hijos, las medicinas de su madre y el alquiler del hogar que él ya no ocupa. Rodrigo no lo sabe con exactitud, pero cada transferencia que realiza alimenta un circuito financiero que genera millones en comisiones para empresas que jamás mencionarán su nombre.

En 2023, América Latina y el Caribe recibieron más de 155.000 millones de dólares en remesas, según datos del Banco Mundial. Para países como El Salvador, Honduras, Guatemala o Jamaica, estos flujos representan entre el 20 y el 27 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Son cifras que superan con creces la inversión extranjera directa y la ayuda al desarrollo. Y sin embargo, el debate político sobre migración rara vez comienza por reconocer este hecho fundamental: los migrantes no son una carga para nadie. Son, en muchos casos, la columna vertebral financiera de sus países de origen.

El circuito que nadie audita

La paradoja es brutal en su simpleza. Los Estados latinoamericanos que más dependen de las remesas son, con frecuencia, los mismos que menos han invertido en proteger a sus ciudadanos en el exterior. No existen mecanismos robustos de defensa consular para trabajadores en situación irregular. No hay acuerdos bilaterales de seguridad social que garanticen pensiones dignas para quienes trabajaron décadas en otro país. No hay políticas activas de reintegración para quienes regresan.

Mientras tanto, las empresas de transferencia de dinero —Western Union, MoneyGram y una creciente galaxia de plataformas digitales— cobran comisiones que oscilan entre el 5 y el 12 por ciento de cada envío. Según Oxfam, si se redujeran esas comisiones al 3 por ciento comprometido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los países receptores recibirían unos 20.000 millones de dólares adicionales al año. Ese dinero no desaparece: se queda en las arcas de corporaciones financieras que operan con total impunidad regulatoria.

Vulnerabilidad como condición de posibilidad

No es un accidente que muchos de quienes envían remesas lo hagan desde situaciones de extrema vulnerabilidad. La irregularidad migratoria no es simplemente una condición administrativa: es una herramienta de control laboral. Un trabajador sin papeles no denuncia abusos. No reclama horas extras. No exige condiciones dignas. Acepta lo que le ofrecen porque la alternativa —la deportación, la separación familiar, la pérdida de todo lo construido— es demasiado costosa.

Esta vulnerabilidad estructural beneficia a empleadores que prefieren mano de obra sin derechos. Beneficia a los Estados receptores que obtienen fuerza de trabajo barata en sectores que sus propios ciudadanos rechazan: agricultura intensiva, cuidados, construcción, hostelería. Y beneficia, de forma más opaca, a los países de origen que reciben divisas sin tener que crear empleos dignos ni reformar sus estructuras económicas.

Lo que los números no cuentan

Detrás de cada estadística hay una historia de sacrificio que rara vez aparece en los informes del FMI. Mujeres que crían a sus hijos sin ver a sus madres durante años. Hombres que envejecen solos en habitaciones alquiladas mientras sus familias crecen sin ellos. Jóvenes que llegan con estudios universitarios y terminan limpiando oficinas porque sus títulos no son reconocidos. La migración tiene un coste humano que ningún PIB contabiliza.

Este coste también se mide en salud mental. Investigaciones recientes de organizaciones como FLACSO documentan altas tasas de ansiedad, depresión y aislamiento social entre trabajadores migrantes latinoamericanos en Europa y Norteamérica. Son patologías invisibles para los sistemas de salud pública que, cuando existen, no están diseñados para atender a quienes no tienen residencia legal.

Qué exigir, qué construir

La justicia para los trabajadores migrantes no puede depender únicamente de la buena voluntad de los países receptores. Exige una agenda política activa desde América Latina. Algunos elementos son urgentes:

Primero, la regularización migratoria como política de derechos humanos, no de control fronterizo. Los Estados de origen deben presionar diplomáticamente por acuerdos que garanticen derechos laborales plenos a sus ciudadanos en el exterior, independientemente de su estatus migratorio.

Segundo, la regulación de los operadores de remesas. Los gobiernos latinoamericanos tienen capacidad para negociar colectivamente tarifas máximas de transferencia, especialmente en bloques como la CELAC o la ALBA. Reducir las comisiones es una política redistributiva inmediata.

Tercero, el reconocimiento político de la diáspora. Los migrantes son actores económicos y políticos de primer orden. Tienen derecho a voto, a representación consular efectiva y a participar en las decisiones que afectan a sus comunidades de origen.

Cuarto, la construcción de redes de apoyo mutuo. Organizaciones como el Colectivo Migrante sin Fronteras o la Federación de Clubes Zacatecanos en Estados Unidos demuestran que la organización comunitaria transnacional es posible y poderosa. Estas experiencias merecen apoyo institucional y difusión.

La solidaridad que ya existe

Ante la ausencia del Estado, los propios migrantes han creado sus redes. Grupos de WhatsApp donde se avisa de redadas policiales. Fondos comunitarios informales para cubrir emergencias. Redes de acogida para recién llegados. Colectivos que asesoran sobre derechos laborales en el idioma y con la confianza que ninguna institución oficial ofrece.

Esta solidaridad de base es admirable. Pero no puede ser la única respuesta. Que la supervivencia de millones de familias latinoamericanas dependa del sacrificio individual de trabajadores sin derechos, mientras los Estados miran hacia otro lado y las empresas financieras se llevan su parte, es una injusticia estructural que tiene nombre: abandono institucional deliberado.

Rodrigo seguirá enviando dinero a casa. Seguirá pagando comisiones. Seguirá trabajando sin contrato. Y el PIB de Honduras seguirá creciendo gracias a él, sin que nadie en ningún ministerio pronuncie su nombre. Eso debe cambiar.