Tras los muros: lo que los estallidos carcelarios revelan sobre un sistema diseñado para castigar a los de abajo

En febrero de 2021, un motín en la cárcel de Litoral, en Guayaquil, dejó más de setenta muertos. Fue la masacre carcelaria más sangrienta de la historia reciente de Ecuador, pero no fue una anomalía: fue la expresión más extrema de una crisis sistémica que recorre las prisiones de toda América Latina. Desde las cárceles venezolanas controladas por estructuras criminales internas hasta los centros de detención mexicanos desbordados de hacinamiento, el sistema penitenciario regional se ha convertido en un espejo brutal de las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades.

La pregunta que rara vez se formula en los medios dominantes —ocupados en contabilizar muertos y reclamar más seguridad— es la siguiente: ¿a quién encarcela este sistema y por qué?

El perfil de quien termina en prisión

Los datos disponibles en los distintos países de la región dibujan un perfil consistente. Las personas privadas de libertad en América Latina son, de manera abrumadora, hombres jóvenes, pobres, con educación incompleta, provenientes de barrios periféricos y, en una proporción significativamente mayor a la de la población general, afrodescendientes o indígenas.

En Brasil, el país con la tercera población carcelaria más grande del mundo, más del 67% de las personas encarceladas son negras, en un país donde la población negra representa aproximadamente el 56% del total. La sobrerrepresentación es estadísticamente inconfundible. En Colombia, los estudios de organizaciones como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) documentan cómo el sistema penal actúa como un mecanismo de control racial y de clase que criminaliza la pobreza antes que el delito.

Esta selectividad no es accidental. Es estructural. El sistema penitenciario no captura a los grandes evasores fiscales, a los empresarios que contaminan impunemente, ni a los funcionarios corruptos que desvían recursos públicos. Captura, fundamentalmente, a quienes roban por necesidad, a quienes participan en el eslabón más bajo de las cadenas del narcotráfico, a quienes no pueden pagar un abogado que los defienda.

Hacinamiento, violencia y abandono: la vida dentro

Las condiciones de reclusión en la mayoría de los países latinoamericanos constituyen, en sí mismas, una violación sistemática de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado en múltiples informes la situación de sobrepoblación extrema —en algunos centros, hasta cuatro veces la capacidad instalada—, la falta de acceso a atención médica, la tortura y los tratos degradantes por parte del personal penitenciario, y la existencia de economías criminales internas que el propio Estado tolera porque le permiten externalizar el control de los reclusos.

En ese contexto, los motines no son irrupciones de barbarie. Son respuestas desesperadas de personas que viven en condiciones de privación extrema, sin acceso a mecanismos legítimos para canalizar sus reclamos. Cuando el Estado abandona su responsabilidad dentro de los muros, el conflicto violento se convierte en la única forma de comunicación posible.

Además, en muchos países de la región, una proporción alarmante de la población carcelaria está compuesta por personas en prisión preventiva, es decir, que no han sido condenadas por ningún delito. En Ecuador, antes de los motines de 2021, más del 35% de los reclusos eran presos sin condena. El encierro como castigo anticipado, aplicado mayoritariamente a quienes no pueden costear su libertad bajo fianza, revela que la prisión preventiva funciona como una pena para pobres.

La abolición penitenciaria como horizonte político

Frente a la recurrencia de estas crisis, los gobiernos latinoamericanos suelen responder con la misma fórmula: más cárceles, más policías, más penas. Es una respuesta que no resuelve nada porque no aborda ninguna de las causas reales del problema.

Desde los movimientos de justicia social, una corriente de pensamiento cada vez más articulada plantea una pregunta radicalmente diferente: ¿y si el problema no es que las cárceles funcionan mal, sino que no deberían existir en la forma en que las conocemos?

El abolicionismo penitenciario —una tradición de pensamiento y activismo que tiene raíces en el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos y que ha sido elaborado por pensadoras como Angela Davis— sostiene que las cárceles no reducen el delito ni reparan el daño causado a las víctimas. En cambio, reproducen la violencia, destruyen comunidades y perpetúan las desigualdades que generan el delito en primer lugar.

En América Latina, esta perspectiva está siendo adoptada y adaptada por organizaciones como el Colectivo de Familiares de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, las redes de exreclusos en Argentina que trabajan en reinserción comunitaria, o los grupos de mujeres que visitan cárceles en México y documentan las condiciones internas.

No se trata de proponer que no haya consecuencias para quienes causan daño. Se trata de imaginar consecuencias que sean reparadoras, que atiendan las necesidades de las víctimas, que aborden las causas del conflicto y que no reproduzcan la violencia del Estado.

Alternativas que ya existen

Las propuestas concretas del movimiento abolicionista y reformista incluyen:

• Justicia restaurativa: modelos de resolución de conflictos que priorizan la reparación del daño sobre el castigo, con experiencias exitosas documentadas en varios países de la región.
• Desinversión carcelaria y reinversión social: redirigir los presupuestos destinados a construcción y mantenimiento de cárceles hacia educación, salud mental, vivienda y programas comunitarios en los territorios con mayor conflictividad.
• Despenalización de conductas que no causan daño a terceros: en particular, el consumo de drogas, que llena las cárceles latinoamericanas con personas que deberían recibir atención sanitaria, no condenas penales.
• Supervisión civil e independiente de las condiciones carcelarias, con participación de organizaciones de derechos humanos y comunidades afectadas.

Más allá del muro

La crisis penitenciaria latinoamericana no se resolverá construyendo más muros ni contratando más guardias. Se resolverá cuando las sociedades de la región estén dispuestas a hacerse las preguntas incómodas: ¿por qué son siempre los mismos quienes terminan encerrados? ¿Qué tipo de justicia queremos, una que castiga o una que repara? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en las condiciones de vida que hacen que el delito sea una opción necesaria para sobrevivir?

Red Igualdad cree que la justicia social exige mirar también detrás de los muros. Las personas privadas de libertad no pierden su humanidad al cruzar la puerta de una cárcel. Y una sociedad que las trata como si la perdieran revela, en ese gesto, sus propias contradicciones más profundas.